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Miércoles 14 de Mayo de 2014 00:10

Secretario técnico inaugura el Taller de Macroeconomía y Derechos

El país acogió a expertos nacionales e internacionales de Centroamérica y México, quienes participaron en un taller de alto nivel. El evento, organizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), propició un proceso de diálogo e intercambio entre funcionarios gubernamentales e integrantes de las organizaciones civiles de la región para analizar y comprender la relación entre el diseño de la política macroeconómica y la vigencia de los derechos económicos y sociales, con  el propósito de recibir insumos para la formulación de una metodología de análisis y un curso de capacitación en línea.

 

Las temáticas fueron abordadas en cuatro aspectos: Enfoque de derechos en política laboral, Enfoque de derechos en la política fiscal; enfoque de derechos en la política monetaria; Metodología para la construcción de indicadores en derechos económicos y sociales; Análisis de macroeconomía desde el enfoque de derechos.

 

La inauguración fue precedida por el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia; y Juan Carlos Moreno, director adjunto de la sede subregional de la CEPAL-México, quien planteó que “la sociedad civil no se preocupa mucho por la macroeconomía (…)  o piensa que la macroeconomía no tiene mucho que ver con los derechos humanos (…) pero una macro sin derechos humanos es inviable y una política de derechos humanos sin consideración de lo que pasa en la macro (es) solo (un grupo de) muy bonitas ideas. Estamos aquí para cerrar la brecha, para crear un diálogo”.

Desde la perspectiva del gobierno el Secretario Técnico destacó que el tema de lo social es uno de los mayores legados de la gestión del Presidente Mauricio Funes,  muestra de ello es la consolidación del Sistema de Protección Social Universal por medio de la Ley de Desarrollo y Protección Social, aprobada en la Asamblea Legislativa. “Esto no es una casualidad, fue una decisión política desde el día que llegamos al gobierno. La apuesta central iba a ser reivindicar toda la dimensión social y sensibilizar a la población sobre los derechos humanos. El reto de los próximos gobiernos es consolidar y profundizar esto”, dijo.

“Esta dimensión de la política social y de la macroeconomía, prosiguió,  nos sirvió mucho para negociar con organismos internacionales. El primer stand by (precautorio) que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, el único que negociamos, lo hicimos antes de entrar al gobierno y fuimos claros estamos dispuesto a firmar un acuerdo con ciertas condiciones, y habían dos condiciones, porque el mundo y el país estaba en crisis (…) dijimos no vamos a recortar el gasto social y así lo informamos. El otro tema era el déficit y dijimos no vamos a hacer un ajuste macroeconómico radial. Digo esto porque todo está íntimamente relacionado. Pero ahora ya estamos en otro tiempo”.

Las palabras del Secretario Técnico las respaldan cifras oficiales que revelan que se ha aumentado la inversión social, pasando de 1 400 millones a  2 200 millones de dólares. En la presente administración se han invertido entre 2010 y 2013 un total de $647 millones en programas de protección social. Dichos programas representan un promedio anual del 0.73 % del Producto Interno Bruto.

El gobierno continuó con la política del pago de subsidios básicos de energía eléctrica, gas licuado y transporte público, alcanzando un promedio de $329.2 millones, lo que equivale al 1.7 por ciento del PIB en 2012.

El porcentaje del presupuesto nacional que se asignó en 2012 a servicios de salud fue 11.5%; a educación, 19.7% y para seguridad el 3.4%. Para los programas sociales el total asignado en ese mismo año fue de $1,927.8 millones que representó el 45.9% del total. La política social fue diseñada con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad en sus distintas manifestaciones, procurar procesos de inclusión social y crear nuevos mecanismos institucionales que permitan una redistribución más equitativa de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico. Para tales propósitos uno de los cambios sustantivos que se realizó fue reivindicar la función redistributiva del Estado salvadoreño. La Ley de Desarrollo y Protección Social ayuda a materializar esto, ya que procura la sostenibilidad a estos independientemente del gobierno de turno.